Milei ordena mantener el control sobre el sector de las telecomunicaciones

A contramano de lo que ocurre con otros organismos reguladores de sectores clave para la vida económica de la Argentina, el Gobierno insiste en manter el control sobre el mercado de las telecomunicaciones. La decisión se desprende de una medida conocida este viernes 4 de julio publicada en el Boletín Oficial de la Nación mediante la cual se dispone una nueva prórroga a la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Se trata del ente dedicado a regular y controlar los servicios de comunicación, incluyendo telefonía fija, móvil, internet, televisión por cable, radio y servicios postales.

Su objetivo principal es promover la convergencia tecnológica, garantizar el acceso a estos servicios para todos los ciudadanos y establecer condiciones estables en el mercado.

Desde el desembarco de los libertarios en la Casa Rosada, el ENACOM se encuentra intervenido por orden del presidente Javier Milei, quien dispuso esta medida el 24 de enero del 2024 bajo el argumento de “afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”.

Organismo tripartito

En el decreto 89/24, con el que se dispuso esa intervención, el Gobierno argumentó que “que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el ENACOM “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.

“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, concluye el decreto publicado en aquel año con las firmas del presidente Milei y del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Como representante de esa intervención se designó a Juan Martín Ozores como titular del organismo junto con otros dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra.

Pero este formato duró solamente unos meses, ya que ambos funcionarios terminaron por renunciar dejando a Ozores como “dueño y señor” del organismo que ahora acaba de refrendar su continuidad, por lo menos hasta los primeros días de enero del 2026.

Así lo establece el Decreto 448/2025 en donde se recuerda la decisión inicial del Jefe de Estado de prorrogar la intervención del ENACOM, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros “con el objeto de efectuar un proceso de evaluación, reorganización y adecuación del organismo a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La norma también sostiene que durante este primer período “se ha logrado avanzar en un diagnóstico detallado del estado institucional, normativo y funcional del citado organismo, quedando en evidencia la necesidad de rediseñar su estructura, simplificar sus procedimientos y fortalecer su desempeño como autoridad reguladora del sector”.

Revisar los permisos

De ese procedimiento, el Gobierno logró evidenciar falencias estructurales en la organización, ausencia de objetivos operativos claros, superposición de competencias, discrecionalidad en el manejo de fondos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficaz y transparente del organismo.

A partir de este escenario, se proyecta para esta nueva etapa la implementación de comisiones técnicas de trabajo y grupos especializados de análisis, destinados a revisar en profundidad los procedimientos de concurso de servicios audiovisuales.

A esto se le suma la necesidad de abordar la actualización normativa en materia de licencias, calidad de los servicios, régimen de relaciones con los usuarios, autorizaciones y procedimientos sancionatorios, en línea con los objetivos de simplificación, eficacia regulatoria y fortalecimiento institucional trazados por el gobierno nacional.

“Se establece como propósito mejorar la eficacia y eficiencia en la administración de los fondos que percibe el organismo, a través de la simplificación normativa y desarrollo e instrumentación de sistemas adecuados“, agrega el decreto.

De igual forma, se buscará redefinir los mecanismos para el cumplimiento de los aportes de inversión al que se encuentran obligados los licenciatarios de Servicios de TIC, para garantizar el Servicio Universal previsto en el artículo 18 de la Ley N° 27.078 y sus modificaciones.

“Asimismo, resulta estratégico relevar el estado y disponibilidad de las bandas del espectro radioeléctrico y planificar la adopción de medidas tendientes a la optimización de su utilización, de acuerdo con el contexto internacional en la materia y las necesidades de desarrollo tecnológico del sector y la promoción de la competencia”, detalla el reporte oficial.

Nueva estructura

En ese marco se deberá evaluar el régimen de sanciones que se aplican actualmente a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y telecomunicaciones, y determinar la pertinencia de introducir modificaciones que atiendan a la finalidad de disuadir el incumplimiento del marco regulatorio, garantizando la prestación de tales servicios bajo las condiciones previstas por el legislador.

El decreto revela además el inicio de una nueva estructura orgánico-funcional, “orientada a dotar al organismo de mayor racionalidad, eficiencia operativa y alineación con sus competencias esenciales, proceso que requiere continuidad para su efectiva implementación”.

Para llevar adelante dicha tarea, el gobierno nacional le encomienda al ENACOM desarrollar manuales de procedimiento para unificar criterios, simplificar trámites y establecer metas de gestión de las unidades que integran el organismo, en pos de colaborar con tales objetivos.

A esto se le agrega la necesidad de terminar las tareas de auditoría, diagnóstico y relevamiento ya iniciadas, “con el fin de contar con un análisis integral y sustantivo respecto del modo en que fueron gestionados los recursos y estructuras previas a la intervención a efectos de lograr una reconfiguración del organismo alineada con los principios de legalidad, eficiencia, control y planificación estratégica”.

Estos postulados son los que las autoridades nacionales esgrimen para respaldar la nueva intervención del ENACOM hasta el 4 de enero del 2026 “para garantizar la culminación de las tareas en curso y la implementación plena de las medidas proyectadas”, según el decreto que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En la etapa anterior, el ente ya logró modificar el llamado Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), al que aportan las empresas de telefonía para acortar la brecha digital.

Facilitar inversiones

Del mismo modo, ya hubo avances en materia de desregulación, modernizando regulaciones que la gestión libertaria consideraba obsoleta, de difícil aplicación o que ni siquiera llegó a aplicarse, como el reglamento de calidad del servicio, el de operadores móviles virtuales (OMV), el régimen sancionatorio y el reglamento de clientes de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

En este sentido, desde el Gobierno recuerdan que las llamadas TIC requieren de una regulación que facilite las inversiones y la permanente actualización de los servicios, con un escenario de fuerte desregulación del sector, como sucedió con la derogación del decreto 690/2020 de control de precios, y la apertura satelital.

La lectura oficial es que, si las leyes son más simples, la estructura del organismo será más simple y también los procesos. En este sentido, fue que se dispuso el cierre de las delegaciones del ENACOM en el Interior, que supuso un ahorro de $6600 millones anuales.

En cuanto al replanteo del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, al que aportan las empresas de telefonía un 1% de su facturación anual para cerrar la brecha digital se llevó a cabo una auditoría que demostró ineficiencias en la utilización de recursos (se ejecutó menos del 50% de los fondos), la distribución de Aportes No Reembolsables (ANR) en zonas con cobertura de internet como el AMBA y se avaló un costo por hogar conectado 5 a 6 veces más caro (US$900 contra los US$170 o US$180 de costo que tiene una telco en el AMBA).

En el caso puntual de los aportes no reembolsables financiados con ese fondo, el Gobierno busca pasar a un modelo que no solo financie la oferta de servicios, sino que también contemple la demanda, dando herramientas a los usuarios para que se puedan conectar a los servicios TIC.