La Corte, una discrepancia y un sorteo inesperado | El debate sobre la revisión de la causa denominada La Ruta del Dinero
La Corte Suprema sorteará el lunes a las 11 dos conjueces para que intervengan en la causa denominada La ruta del dinero, expediente en el cual el principal condenado fue Lázaro Báez. Uno de los supremos, Carlos Rosenkrantz, no está de acuerdo con los otros dos, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, porque considera que el máximo tribunal debe revisar la condena y la causa. Rosatti y Lorenzetti quieren aplicar lo que se conoce como el artículo 280, una especie de prerrogativa monárquica que le permite a los ministros de la Corte decidir que no van a intervenir en un caso sin necesidad de dar explicaciones. El debate central tiene que ver con que en Ruta del Dinero se condenó con una ley que no estaba vigente en el momento de los hechos y no se contempló que debe aplicarse la ley más benigna para el imputado. Lo cierto y concreto es que hay un magistrado, Rosenkrantz, que sienta el precedente de que la Corte debe revisar casos, algo que se plantea en el expediente Vialidad, en el que está condenada Cristina Kirchner. Además, queda de manifiesto lo que el máximo tribunal tarda. En Ruta del Dinero van dos años. Pese a ello, Lorenzetti dijo públicamente que hay que apurarse a resolver Vialidad antes de julio, o sea en tres meses. Justito antes de las elecciones. Como se sabe, la causa Ruta del Dinero arrancó como Ruta del Dinero K, pero en el proceso quedó en claro que no había ningún Kirchner ni en las cuentas ni en las sociedades en el exterior.
La información de la Corte Suprema no menciona que Rosenkrantz es el juez que tiene una postura disidente y que opina que hay que revisar el fallo de la Ruta del Dinero. Sólo señalaron que hay una discrepancia, lo que no permite constituir la mayoría de tres imprescindible para que salga una resolución del máximo tribunal. Por lo tanto, se dispone que el lunes se realice el sorteo de dos conjueces -para completar el número legal de cinco integrantes de la Corte- y por el que quedarán designados dos magistrados. En el bolillero -real o virtual- estarán todos los presidentes de las cámaras federales del país y, según la información, los miembros de la Cámara de Casación que no hayan intervenido en ese expediente hasta ahora. En esto último hay una discrepancia legal: están los que opinan que entra al bolillero solo el presidente de la Casación, no los demás integrantes
El punto de conflicto ya fue señalado por la jueza María Gabriela López Iñiguez en el fallo del tribunal oral que realizó el juicio: no se puede aplicar a los acusados una ley posterior a los hechos. El delito es lavado de dinero que consiste en poner en blanco fondos obtenidos de manera ilegal. En este caso, el delito precedente imputado a Lázaro Báez era el de evasión tributaria: la cuestión de las rutas de Santa Cruz se sacó de ese expediente. Pero antes de 2011, uno no podía ser condenado por el delito y también por el lavado; lo que se cambió en agosto de ese año. Todo indica que Rosenkrantz coincide con que no se puede condenar por una ley posterior, si es más gravosa. Corresponde aplicar la ley más benigna.
Más allá de las discrepancias, hay otros dos elementos que llaman la atención:
*Que Rosenkrantz, plantea una revisión del fallo. O sea, que la Corte no debe sellar el expediente sin analizarlo. Es uno de los temas que se debate en el caso Vialidad, en el que está condenada CFK. La defensa de la expresidenta insiste en que no se hicieron las pericias correspondientes, que intervinieron jueces que visitaban a Mauricio Macri en Olivos y la Casa Rosada o que jugaban al fútbol en su quinta, que se usaron para la sentencia pruebas que nunca se debatieron en el juicio oral, que le impidieron a Cristina Kirchner defenderse de esas pruebas (inexistentes) sacadas de la galera, además de otra serie insólita de maniobras. El abogado de CFK, Alberto Beraldi, recuerda que la Corte sostuvo en su momento que intervendría cuando hubiera un fallo, por lo que ahora no puede dejar de revisar lo ocurrido.
*El segundo elemento es el tiempo transcurrido. Los recursos se presentaron en la Corte a mediados de 2023, es decir que pasaron casi dos años. En ese tiempo, los magistrados ni siquiera se pusieron de acuerdo en si debe darse vista del expediente al procurador Eduardo Casal. Ese será el primer tema que deberán abordar los conjueces después de asumir en la causa. Y, por supuesto, tendrán luego que estudiar el caso. Todo indica que el fallo no estará antes de fin de este año, lo que significa que el proceso en el máximo tribunal habrá tardado dos años y medio. No parece haber sintonía con el apuro que exhibe Lorenzetti -y que hizo trascender públicamente- sugiriendo que la resolución de Vialidad debería estar antes la feria judicial, o sea en tres meses y medio desde que se presentaron los recursos, el 1 de abril. Queda expuesta una aceleración para que CFK sea condenada y se le impida su casi segura candidatura en las elecciones.
