regulaciones más absurdas que eliminó Javier Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el lunes la derogación del Decreto 71.178, una antigua reglamentación que regía desde 1935 y que imponía requisitos específicos sobre tipificación, empaque y fiscalización de hortalizas frescas.

“La norma derogada respondía a un régimen legal que ya había perdido vigencia, particularmente desde la derogación de la ley 4.863 por la ley 27.444. A pesar de ello, la reglamentación de 1935 seguía vigente, generando restricciones anacrónicas que afectaban la competitividad del sector hortícola y obstaculizaban el comercio exterior”, explicaron desde Nación.

“Dejamos de molestar al productor”: la explicación de Federico Sturzenegger tras la última desregulación

En ese sentido, el ministro Sturzenegger destacó la medida y recordó que el primer paso que el Gobierno dio en favor del sector frutícola fue la firma del Decreto 312/25, que deroga antiguos restricciones sobre el envasamiento, publicado la semana anterior, el que permitió desregular totalmente la producción de hortalizas. “Literalmente dejamos de molestar al productor en las cosas que el productor debe resolver por sí mismo y concentramos la tarea en donde hay un valor útil de la supervisión estatal”, dijo.

También, este martes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) publicó la Resolución 328/2025, que redefine de forma integral los requisitos sanitarios y comerciales para la producción, empaque, transporte y exportación de hortalizas frescas en el país, impulsando así la competitividad del sector hortícola nacional, la reducción de trabas burocráticas y la adecuación del sistema a los estándares de los mercados internacionales.

Entre los principales beneficios que esta resolución genera, está la eliminación de la obligatoriedad de habilitación previa para las plantas de empaque, que fue simplificada y reducida por una declaración jurada. También, se suprimen las regulaciones que imponían disposiciones de calidad muy específicas en los envasados para exportar.

Las regulaciones y normas más “absurdas” que eliminó el Gobierno de Javier Milei

Si bien esta derogación generó repercusión por su particularidad, el foco en las normas desactualizadas no es nuevo en el Gobierno del presidente Javier Milei, quien desde que inició su mandato impulsó una desregulación masiva.

En palabras de Sturzenegger, previo a estas desregulaciones, “el Estado gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo. Un funcionario determinaba qué se debía producir. Con esta resolución, se barre con esa lógica absurda”.

Pero, ¿qué tan “absurdas” o particulares eran estas normativas y decretos que el Ejecutivo decidió derogar?

Inicialmente, al firmar el DNU 70/2023, el mandatario marcó un antes y un después al derogar más de 300 regulaciones, muchas de las cuales entraron en vigencia durante la dictadura militar de 1976-1983 y gobiernos previos. Entre las normativas eliminadas se encuentran varias que, por su carácter tan específico, destacan como ejemplos de regulaciones que ahora fueron consideradas poco útiles e irrisorias por parte de la administración libertaria.

Una de ellas fue la ley 18.770, promulgada durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston (1970-1971). Esta ley establecía cuotas de abastecimiento obligatorio de azúcar para el mercado interno por parte de los ingenios azucareros, obligando a los productores a garantizar un suministro específico hasta el mes siguiente al final de la zafra. La normativa, que regulaba un aspecto muy concreto de la producción azucarera, fue eliminada porque, según el Gobierno, ya no tenía relevancia en el contexto actual del mercado.

En esa línea, también se corrió de escena a la ley 18.859, igualmente de la época de Levingston, que exigía que el transporte y comercialización de productos destinados a la alimentación de ganado se realizaran en envases nuevos y de único uso, generando un gasto innecesario y exorbitante. Además, en operaciones a granel, los medios de transporte y elementos debían estar desinfectados, pero solo se permitían ciertos productos que debían ser aprobados por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Esta regulación, que imponía requisitos minuciosos sobre los envases, fue eliminada por considerarse una traba burocrática que complicaba los procesos productivos sin aportar beneficio alguno en la actualidad.

Asimismo, la ley 18.905, vinculada a la política vitivinícola nacional, establecida durante el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970), que regulaba aspectos específicos de la producción y comercialización de vinos, imponiendo controles detallados que, según el Ejecutivo, ya no se alineaban con las prácticas modernas del sector.

Este DNU también le puso fin a la legislación 19.990, promulgada durante el mando de Alejandro Lanusse en 1971-1973, que regulaba la actividad algodonera imponiendo controles específicos sobre el cultivo y comercialización del mismo. De la misma forma, el Sistema Nacional del Comercio Minero y el Banco de Información Minera también sufrió su baja, dado que fue creado para centralizar datos y controles sobre la actividad minera que, según el Ejecutivo, obstaculizaban la inversión en el sector desincentivándolos con sus trabas burocráticas.

Y, en noviembre del año anterior, el Gobierno siguió con su agenda desreguladora con la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, con las que se eliminaron 43 normativas adicionales. Entre estas últimas se encontraban disposiciones que delimitaba los precios de la carne vacuna, los lácteos y los neumáticos, así como otras que otorgaban compensaciones a pequeños productores y al sector aceitero.

Por otra parte, y previo a las dos normativas mencionadas al inicio, el febrero pasado, la gestión libertaria avanzó con la derogación de un antiquísimo decreto, el 322/1973, una normativa de Héctor Cámpora que prohibía la exportación de ganado vacuno en pie, lo que limitaba las oportunidades comerciales del sector ganadero.

Es decir que, pasando por regulaciones de la producción azucarera, vitivinícola, algodonera, minera y ganadera, Milei y su Gabinete derogaron 11 normativas particulares y específicas que, de alguna u otra forma, entorpecían las funciones de estas áreas.