“Su cabeza está sangrando”: Las llamadas desde los centros de detención del ICE al 911 son espeluznantes
Una de estas instalaciones es el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, California, que reabrió a principios de este año tras años de relativa inactividad debido a informes de condiciones inseguras. En sus primeros tres meses de funcionamiento, la instalación generó al menos 13 llamadas de emergencia, incluidas al menos dos relacionadas con denuncias de agresiones sexuales o amenazas de agresiones sexuales en marzo y abril.
En el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, otra instalación administrada por GEO, el patrón continúa. Un despacho del 911 de marzo simplemente indica: “Personal a cargo del detenido”. Desde enero, al menos otras tres llamadas de emergencia han hecho referencia a abuso sexual.
En los últimos meses, la administración Trump ha desmantelado discretamente dos organismos de supervisión cruciales del DHS, responsables de investigar los abusos en detención: la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina para los Derechos Civiles y las Libertades Civiles. Según Zain Lakhani, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, su desmantelamiento ha dejado a los migrantes detenidos prácticamente sin canales para denunciar agresiones sexuales, negligencia médica o violaciones de la patria potestad. “Con estas obligaciones legales que tienen de prevenir y responder al abuso sexual, ahora no hay nadie que pueda realizar esta labor”, afirma.
La administración no ha dicho cómo gestionará las denuncias abandonadas ni cómo cumplirá con sus obligaciones bajo la PREA. Grupos como WRC, que antes tenían acceso regular a las instalaciones del ICE para documentar abusos y escalar denuncias, han sido prácticamente aislados, lo que ha resultado en lo que Lakhani llama una “caja negra de impunidad”.
Al igual que otros expertos, Lakhani afirma que es casi imposible medir la verdadera magnitud del abuso sexual en centros de detención. “Creo que usar las llamadas al 911, incluso en el mejor de los casos, solo detectará una fracción muy pequeña del número de casos”, calcula. “Y los migrantes también están aterrorizados. Llaman desde dentro de los centros de detención y no saben qué les va a pasar”.
Al menos cientos de inmigrantes han denunciado abusos sexuales bajo custodia de ICE durante la última década, según una investigación de Futuro Media, cuyo informe reveló que “la mayoría de las denuncias de abuso sexual no se investigan”. El análisis de registros internos realizado por la redacción de la organización sin fines de lucro reveló 308 denuncias de abuso o agresión sexual presentadas en las instalaciones de ICE entre 2015 y 2021. Más de la mitad implicaba al personal.
De manera similar, The Intercept informó que los registros de ICE revelaron más de 1,200 denuncias de abuso y agresión sexual entre 2010 y 2017. Solo 43 fueron investigadas por el DHS.
Al igual que GEO Group, CoreCivic dice que está comprometido a combatir el abuso y el acoso sexual, citando las regulaciones impuestas por PREA, y agrega que su personal recibe educación y capacitación “previa y en servicio”.
Ambas empresas citaron la supervisión y las acreditaciones de la Asociación Correccional Americana (ACA) y la Comisión Nacional de Atención Sanitaria Correccional (NCCHC) como evidencia de su adhesión a las directrices nacionales.
La acreditación demuestra si un centro cumple con los requisitos, no si las personas que lo atienden reciben atención, explica el Dr. Stern. Los centros pueden sumar puntos simplemente redactando políticas o contratando personal, independientemente de los resultados.
“Es como decir que alguien tiene licencia de conducir”, compara Stern. “Pasaron un examen. Pero eso no significa que no se saltarán un semáforo en rojo mañana”.
Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.
