La persecución política quedó en evidencia | La Cámara Federal de San Martín excarceló a Alesia Abaigar

La Cámara Federal de San Martín dejó en evidencia la desmesura de la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado de ordenar privar de la libertad a cinco personas que tienen en común la militancia en el peronismo, acusándolos de formar parte de una organización y de haber esparcido bosta en la puerta de la casa del diputado libertario José Luis Espert, colgar un pasacalle que lo llamaba “mierda” y desparramar panfletos en la misma tónica. Los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral ordenaron este lunes la excarcelación de la primera detenida, Alesia Abaigar, una funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidad bonaerense que pasó nueve días encarcelada, la mayor parte en el penal de Ezeiza. La resolución señala que la magistrada no exhibió peligros procesales reales (de fuga o entorpecimiento de la investigación), sino conjeturas. Tres militantes habían sido liberados por ella misma, pero todavía está presa la concejala de Quilmes Eva Mieri. Su situación también será revisada por los camaristas. 

El fallo sobre la situación de Abaigar recuerda que los jueces, a la hora de tomar la decisión de dejar a alguien detenido/a, deben demostrar que “constituye una derivación razonada del derecho vigente” y que no es “producto de su mera voluntad”. Advierten que no es lo que sucedió en este caso y les da la razón a los abogados defensores de la joven, Daniel Llermanos y Adrián Albor, que habían advertido sobre la “arbitrariedad” de la detención y el disparatado razonamiento respecto de supuestos los peligros procesales. 

Arroyo Salgado, en sintonía con el reclamo de prisión de Espert, dijo que Alesia se podía aprovechar de su carácter de funcionaria pública. Incluso hizo que permaneciera primero en calabozos de la Policía Federal y luego del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pese a que Abaigar informó que padece una enfermedad autoinmune grave. Recién con un informe del SPF y de la Procuración Penitenciaria se le dio la prisión domiciliaria, y ahora la excarcelación. 

La Cámara tuvo en cuenta que “el comportamiento concreto” de Alesia no es el de alguien que va a huir u obstaculizar: entregó, por ejemplo, la clave de su celular y su computadora personal, no opuso resistencia durante el allanamiento en su casa, se identificó y “no evidenció una intención elusiva”. Más allá de medidas pendientes, señaló el  tribunal, “no se advierte –ni la a
quo (la jueza) logra indicar en concreto– cuáles serían aquellas
diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas”. Agregó que “las pruebas incorporadas
hasta el momento en el sumario permitieron dirigir la imputación a su
respecto, por lo que no se aprecia, en tal sentido, una causal obstativa
razonable y concreta”. “La evaluación conjunta de los elementos señalados no permiten tener por verificadas la
concurrencia de riesgos procesales concretos“, afirmaron los camaristas. 

Todavía no se van expedir sobre las llamativas figuras penales que decidió utilizar Arroyo Salgado y que cuestionó la defensa de Alesia, como formar parte de algún grupo que busca -según su interpretación- “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, amenazas coactivas e incitación al odio contar una persona por sus ideas políticas. Esto, aclararon, será analizado en otros planteos. Ahora se limitaron a la cuestión de la excarcelación. 

Los abogados sí señalaron el contrasentido de que sea Espert quien impulsa esta causa, el mismo que pide “cárcel o bala” para opositores -dirigentes como Myriam Bregman incluso le iniciaron una causa penal por eso, pero no pasó nada-, reparte insultos y acusaciones. También plantearon que desparramar caca en la puerta de su vivienda con unos panfletos es una acción política, y podría considerarse un escrache. 

La increíble acusación

Lo cierto es que hasta ahora la jueza enumeró los delitos en sus resoluciones, pero no procesó ni dictó prisiones preventivas. Para dar una idea de qué se trata, son las figuras penales que se usaron contra los grupos neonazis en Mar del Plata -con un funcionamiento sistemático de amenazas, por ejemplo, contra integrantes del colectivo LGTB+- e incluso en un comienzo respecto de los integrantes del grupo violento Revolución Federal, cuyas acciones con horcas, antorchas, guillotinas y expresiones amenazantes, precedieron al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, algo que se alentaba expresamente en sus charlas en Twitter Spaces. Arroyo Salgado usó como justificación para las detenciones que todavía trata de ubicar a otras personas que habrían participado del hecho. Pero la Cámara de San Martín ya marcó que no hay fundamentos. 

Ahora ese tribunal tendrá que decidir sobre el planteo de Mieri, cuya excarcelación fue rechazada la semana pasada por Arroyo Salgado. En su caso agregó algunos argumentos particulares, y también delitos, como malversación de caudales públicos. Al describir lo ocurrido, Arroyo Salgado presenta a quienes habrían participado del escrache como si fueran unos bandidos que se taparon la cara y que cubrieron las patentes de los autos con los que habrían ido al lugar. No puede mostrar ninguna acción violenta: solo habla de la colocación del pasacalles que decía “Acá vive la mierda de Espert”, de la bosta arrojada y los 51 panfletos que decían “Espert sos una mierda, con Cristina no se jode”. Unos días antes, en una charla en la Universidad Católica Argentina, el diputado había dicho que Florencia Kirchner era “hija de una gran puta”. Fue abucheado y se tuvo que ir. 

A Abaigar le endilgaron que su auto estaba cerca de la casa de Espert y detuvieron a su madre y su expareja por 48 horas porque ambos tienen cédula azul del vehículo. En el caso de Mieri, la jueza dice que usó un auto que había sido cedido a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Quilmes y que ella siguió utilizando en el Concejo Deliberante. De ahí la acusación de “malversación”. Pero para negarle la excarcelación, la jueza se hizo eco de que el fiscal Federico Iuspa dijo que eran actos de “violencia política”. La magistrada agregó que Eva borró el contenido de su celular para entorpecer la causa. Su defensa, a cargo de Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, señaló entre otras cosas que eso jamás puede considerarse obstaculización de una causa. Lo sería destruir registros públicos, por ejemplo, pero no una actividad con el teléfono. 

Denuncias y cuestionamientos

No es casual que el Ministerio de Seguridad, y la propia Patricia Bullrich, hayan salido a difundir las detenciones y exhibir fotos para humillar a las personas privadas de la libertad en el momento en que estaban esposadas la semana pasada, en sintonía con Espert y con la jueza. Bullrich tiene un vínculo de larga data con Arroyo Salgado. En especial desde que puso a la Gendarmería, siendo ministra de del gobierno de Mauricio Macri, a hacer un peritaje que cuestionó al del Cuerpo Médico Forense. El informe fue anticipado por Clarín meses antes, y concluyó que a Alberto Nisman -ex marido de la jueza- lo mataron, sin haber mostrado jamás cómo ocurrió, ni quién lo hizo. Mucho antes aún, en el debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, la jueza asistió en persona, y se ubicó entre los invitados de quien se consagraría Presidente. 

La semana pasada Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño por la diputada Vanesa Siley y el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde. Siley señaló la “desproporción entre lo que se denuncia”, la “insignificancia de los hechos frentes a la casa de Espert”, “que a lo sumo será una contravención municipal” “y el despertar de todo el aparato penal, desde la justicia federal penal, con las fuerzas policiales, allanando domicilios de madrugada, secuestrando celulares, con un secreto de sumario extendido, con el corolario de las detenciones e incomunicaciones”. “Se configura abuso de autoridad y desvío de poder de la jueza, que utiliza el cargo para un accionar arbitrario, porque no puede justificar esas maniobras. Claramente es una persecución política“, precisó.