Censo popular: contabilizan casi 12.000 personas en la calle | En la ciudad de Buenos Aires

El tercer censo popular de personas en situación de calle de Ciudad de Buenos Aires presentó resultados preliminares de la encuesta realizada en junio pasado. Un panel de representantes de las diferentes organizaciones que fueron parte de la realización denunció que hoy viven en las calles porteñas 11.892 personas. “La calle no es un lugar para morir ni para vivir”, recalcaron las entidades.

El censo popular anterior, realizado en 2019, había encontrado a 7551, pero el gobierno de la ciudad reconoce cifras menores, similares a la cantidad de plazas que tiene en los albergues. El última dato oficial informó la existencia de 4049 en la calle.

“Si no conocemos de qué estamos hablando, no solamente en el número, sino de las necesidades y de los problemas que hay en la calle, es imposible abordar esta problemática para poder darle una política pública eficaz y clara”, indicaron desde las organizaciones.

Por esto, algunas organizaciones como Proyecto 7, Irrompibles, Barrios de pie, Red Puentes, Nuestra América Movimiento Popular y La Patria es el otro convocaron a miles de voluntarios a mapear la ciudad y encuestar a quienes no tienen techo. La encuesta se estructuró con datos estadísticos y demográficos y una parte más cualitativa, donde las personas se podían explayar en sus problemáticas y cómo imaginan soluciones. “Fue muy importante, la verdad que fue un laborazo enorme por parte de las organizaciones, pero también de esa voluntad de las personas en darle tanto tiempo a esto”, destacaron.

Si bien la ley porteña plantea un censo anual oficial con participación de las organizaciones sociales, desde su sanción nunca se hizo así. “No fue posible por un desacuerdo metodológico. Nosotros entendemos que por las características que tiene la población de calle es fundamental plantearlo durante tres días en los tres turnos consecutivos, porque sabemos que no es lo mismo a quienes vamos a encontrar a la mañana, que a quienes encontramos a la tarde, que quienes encontramos a la noche y en muchas de las ocasiones donde pasamos las personas están durmiendo o no las encontramos”, explicaron.

“Notamos un gran aumento de la población de personas de adultos mayores en la calle, que eso preocupa un montón, y también pudimos notar un crecimiento de personas viviendo en situación de calle dentro de los barrios populares”, adelantaron en el panel. A la vez explicaron que “la migración de la gente de la calle hacia los barrios para dormir es por el crecimiento de la violencia institucional que reciben las personas en esa situación, la violencia ejercida de parte de la policía y Espacio Público”.

Por un lado, reconocen la necesidad de resolver las cuestiones de emergencia –como el ingreso en centros de inclusión– “sobre todo, con estas bajas temperaturas que es fundamental puedan ingresar a un lugar donde dormir y donde alimentarse, pero por el otro lado hay una fuerte política represiva y una violencia institucional ejercida por parte de la ciudad de Buenos Aires con lo que fue el levantamiento de todas las ranchadas de la ciudad”.

Así, calificaron de “contradictorio” el abordaje de la situación por el gobierno porteño: “Por un lado el ingreso a los centros de inclusión, que estaría bien, pero por el otro lado es perseguir y estigmatizar”.

Dentro de la encuesta incluyeron distintos tipos de trabajo y de percepción de ingresos fijos, como la jubilación y el subsidio habitacional de la ciudad. A grandes rasgos adelantaron que había trabajadores y jubilados que podrían estar viviendo en la calle. “Nos llama muchísimo la atención que hubo un aumento en el último año muy reflejado a lo socioeconómico del aumento de los alquileres, que no hay una regulación con los precios de los hoteles. Hoy sale lo mismo en Capital Federal alquilar un departamento que un hotel. Es muy difícil sostenerlo con los sueldos que no aumentan y hay mucha población de calle que trabaja de otra forma informal y formal y no llega”, puntualizaron. La encuesta también abordó nivel educativo, acceso a la salud, consumos problemáticos y violencia institucional.

Informe: Natalia Rótolo.