CABA: promueven un “compromiso ambiental” de cara a las legislativas | En defensa de la calidad de vida de les porteñes

Asambleas barriales y organizaciones ambientalistas porteñas difundieron este lunes un posicionamiento conjunto de cara a las elecciones legislativas para reclamar a los y las candidatas la firma de un “compromiso ambiental” por la “creación y preservación de los espacios verdes” en la Ciudad de Buenos Aires. El documento, que ya está siendo distribuido entre las cabezas de lista de todos los espacios, busca generar un acuerdo básico en torno a cinco puntos contra las concesiones y privatizaciones de espacios y a favor del incremento al arbolado, entre otros aspectos. Advierten que es “urgente” frenar la especulación inmobiliaria
y las privatizaciones de la tierra pública. 

El texto fue elaborado en conjunto por asambleas vecinales de distintos barrios de la ciudad como Agronomía, Almagro, Caballito, Colegiales, Palermo, Parque Avellaneda, Parque Patricios, Saavedra, San Cristóbal, San Nicolás, Villa Pueyrredón, Villa Santa
Rita y Villa Urquiza. A todas ellas se les suman otras organizaciones ambientalistas que trabajan de manera transversal entre los barrios porteños, como Basta de Demoler, Basta de Mutilar Nuestros Árboles o Tierras Ferroviarias Verdes, entre otras. Desde Colegiales Participa y Decide, una de las organizaciones barriales que participaron en la elaboración del documento, señalaron a este diario que “los grupos y asambleas barriales que redactamos este ‘compromiso’ estamos unidos por la creación y preservación de los espacios verdes, y también por la redacción de un Código Ambiental (CA)”. 

Precisamente este último punto conforma uno de los cinco ejes con el que las organizaciones piden comprometerse a los y las candidatas de las distintas fuerzas políticas que competirán por un escaño el domingo 18 de mayo en las elecciones de medio término. Pese a que la elaboración de un CA porteño está previsto por la propia Constitución de la Ciudad de 1996, la norma nunca llegó ni siquiera a ser tratada en la Legislatura. A tal punto es así que en enero del año pasado la Cámara de Apelaciones porteña ratificó un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional la ausencia de ese código para la ciudad y ordenó a la Legislatura que pusiera manos a la obra en la cuestión, algo que todavía sigue sin mayores novedades. 

En el documento, las organizaciones no sólo reclaman la elaboración y aprobación del CA sino que piden que el propio proceso de redacción también involucre la revisión de la Ley N°123. Se trata de la norma que establece los mecanismos de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier proyecto constructivo en territorio porteño, y las asambleas y organizaciones buscan que se revean ciertos aspectos que, aseguran, tienden a ser favorables para determinadas construcciones de gran impacto. 

Otro de los puntos importantes del compromiso presentado a los y las candidatas atañe directamente a la propiedad y a los usos de las tierras urbanas y pide “votar negativamente ante todo proyecto de ley que implique la privatización o concesión de
tierras del Estado porteño”. Le sigue el compromiso para “impulsar” o “adherir” a proyectos de ley que garanticen “la preservación y la ampliación de los espacios verdes
públicos de suelo absorbente”, a aquellos que buscan crear plazas en distintos barrios porteños o nuevos parques públicos en los
explayones ferroviarios de la ciudad –como los de Palermo, Caballito o Villa Urquiza–, así como a las iniciativas “de preservación e incremento del arbolado público urbano de
follaje frondoso”, respetando los criterios de preservación establecidos por la Ley de Arbolado Público y el Plan Maestro de Arbolado. 

Los pedidos no parten de la nada sino de un diagnóstico sobre la situación ambiental de la ciudad que las organizaciones ya vienen advirtiendo en conjunto desde hace varios años. En el documento, aseguran que “desde la década de 1990 los sucesivos gobiernos de la Nación y de la Ciudad se han dedicado a
vender y a habilitar construcciones sobre las últimas tierras libres en las cuales se habría podido
constituir una cantidad significativa de nuevos espacios verdes públicos”, aunque agregan que “en los últimos 5 años este
fenómeno se ha agravado, con permisos de obras por más de 10 millones de metros cuadrados de nuevas construcciones”.

Sostienen también que las sucesivas modificaciones de los últimos años al nuevo Código Urbanístico, comenzando por su aprobación en 2018 para reemplazar al antiguo Código de Planeamiento Urbano, “satisficieron los
intereses del mercado inmobiliario profundizando los problemas de los barrios, vinculados a la pérdida de identidad debido a la sobre saturación de usos y la construcción de edificios en zonas de
casas bajas”. “Se discutió cuánto y dónde construir, sin considerar que la ciudad actual ya es insostenible y que por este motivo se debe trabajar en una proyección a futuro que atienda los desafíos de
la urbanización, el transporte y el cambio climático“, agregan.

A todo este escenario le añaden el panorama abierto por la pandemia de covid-19,  que “evidenció la importancia de los espacios verdes públicos para la calidad de vida de la ciudadanía, así como también para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático que
estamos atravesando”. El documento concluye, así, que es “urgente frenar la política de fomento a la especulación inmobiliaria
y privatización de la tierra pública“.