¿Podrá la IA arreglar los sistemas judiciales de América Latina?
“El mayor impacto de Sor Juana ha sido la disminución de las barreras de comprensión y acceso informativo. En menos de un año, la herramienta registró más de 15,500 usuarios únicos y procesó más de 34,000 consultas, muchas provenientes de personas ajenas al ámbito jurídico o académico”, señala Juan González, magistrado de circuito y coordinador del proyecto.
Sin internet, la justicia 4.0 no existe
Aun con estos avances, la brecha digital que persiste en la región limita los beneficios que los asistentes virtuales pueden ofrecer a la población.
“En América Latina, muchas de las comunidades que enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia son también las que carecen de conexión a internet o cuentan con una conectividad insuficiente para usar herramientas que requieren gran transferencia de datos, como los chatbots”, indica Saúl López Noriega, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
La región de América Latina y el Caribe está profundamente marcada por disparidades digitales. Un informe del Foro Económico Mundial señala que solo dos tercios de los hogares tienen acceso a Internet, muy por debajo del promedio de la OCDE, que supera el 90%. En zonas rurales, las cifras son aún más bajas. Paradójicamente, estas son también las áreas donde la necesidad de servicios legales es más apremiante, lo que pone en evidencia una contradicción entre el potencial de la tecnología y su accesibilidad.
Otro desafío importante radica en la desconfianza ciudadana respecto al uso de IA en la administración de justicia. Según el estudio ‘DemocracIA: Percepciones sobre inteligencia artificial y democracia en Argentina, Brasil, Colombia y México’, elaborado por la consultora Ipsos, el 54% de los encuestados a nivel global rechaza el uso de IA para tomar decisiones judiciales. En el caso latinoamericano, Argentina lidera la oposición con un 58%, seguida por México (53%), Brasil y Colombia (ambos con 52%).
La falta de marcos regulatorios adecuados en la región contribuye a esta resistencia. Aunque el uso de asistentes inteligentes en el ámbito legal se ha generalizado, aún no existen leyes claras que definan sus límites, garanticen la protección de datos personales ni eviten sesgos en los algoritmos.
El rol de las big tech
Como en otras partes del mundo, en América Latina la legislación avanza más lento que la tecnología. Si bien existen iniciativas regulatorias en curso, estas carecen de claridad y solidez. Llamas Covarrubias destaca que “Brasil fue el primero en responder con la Resolución 332/2020 del Consejo Nacional de Justicia, que exige a todo modelo de IA pasar pruebas ex ante de no discriminación, mantener trazabilidad de los datos de entrenamiento y ofrecer explicaciones auditables. Además, prohíbe expresamente su uso predictivo en materia penal sin control humano”. Agrega que Argentina, Colombia y México también están discutiendo lineamientos éticos similares, aunque todavía no se han formalizado.
Los especialistas coinciden en la necesidad de regular la IA judicial a nivel local y regional para asegurar su uso óptimo y responsable. Este proceso debe contemplar el papel de las grandes empresas tecnológicas como proveedoras de la infraestructura sobre la cual se construyen muchos de los asistentes virtuales legales en la región.
Bonilla subraya que estas compañías “juegan un papel crucial y deben operar con altos estándares de seguridad y ética cuando colaboren en la administración de justicia”.
Por lo general, los contratos entre instituciones judiciales y empresas privadas exigen la entrega del código fuente o al menos modelos explicables, con el fin de preservar la independencia judicial y proteger la confidencialidad de expedientes y otros datos sensibles, señala Llamas.
Sin embargo, corresponde a las autoridades públicas evaluar las capacidades de cada modelo según las tareas que se desean automatizar. Como advierte López Noriega, “no todo modelo desarrollado por una empresa privada sirve para cualquier sistema judicial. Desde la contratación hasta el entrenamiento y la implementación, debe haber corresponsabilidad entre el Estado y la empresa. La calidad de los datos y el diseño del modelo deben revisarse de forma conjunta”.
La evidencia sugiere que la adopción de IA en los sistemas judiciales latinoamericanos es inevitable. Pero los expertos coinciden en que esta transición debe darse con cautela, reflexión y bajo una regulación que asegure equidad, transparencia y seguridad.
Todo ello debe partir de una premisa esencial que Bonilla resume con claridad: “La IA es una herramienta que puede beneficiar a la sociedad y al sistema legal, pero nunca hay que olvidar que es solo eso: una herramienta, y nada más”.
