La Ley de la Guardia Nacional podría agravar el espionaje cibernético en México, según organizaciones
La Cámara de Diputados aprobó un decreto propuesto por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional. La iniciativa otorga nuevas facultades a esta institución de seguridad pública, entre las que destacan la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas y llevar a cabo tareas encubiertas de inteligencia. Diversas organizaciones han alertado que las disposiciones del nuevo marco normativo podrían legalizar el espionaje militar y representar un riesgo significativo para la privacidad de la ciudadanía.
La propuesta, que ahora será turnada al Senado para su análisis, además contempla modificaciones a ocho leyes de carácter militar. Entre los principales cambios, establece que la Guardia Nacional (GN), creada originalmente como una institución de seguridad civil, se consolidará como una fuerza pública profesional, de carácter permanente, compuesta por personal militar con formación policial y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El dictamen establece que la GN será responsable de la vigilancia en zonas fronterizas, aduanas, parques nacionales, espacios urbanos federales y cualquier área del territorio bajo jurisdicción federal. Además, sus elementos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, estarán facultados para revisar documentos migratorios de personas extranjeras con el objetivo de verificar las condiciones de su estancia y, en su caso, proceder con su detención si se encuentran en situación irregular.
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es que permite a la GN realizar operaciones encubiertas y utilizar identidades simuladas, así como recopilar información en espacios públicos mediante herramientas tecnológicas, dispositivos y cualquier recurso que consideren necesario para labores de investigación preventiva.
Asimismo, la iniciativa autoriza a la Guardia Nacional el requerir a empresas de telecomunicaciones y telefonía móvil información en tiempo real sobre sus usuarios, incluyendo datos de geolocalización de los dispositivos. También podrán intervenir comunicaciones privadas y realizar tareas de monitoreo, rastreo, identificación y vigilancia en la red pública de internet, particularmente sobre sitios web, con el fin de prevenir delitos. No obstante, en todos estos casos, será indispensable contar con la autorización previa de una autoridad judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Aunque los promotores de la iniciativa aseguran que estas atribuciones deberán ejercerse con estricto respeto al derecho a la privacidad y a los derechos humanos, diversas organizaciones han advertido que la reforma podría profundizar la crisis de espionaje ilegal que desde hace años se ha documentado en México.
¿Espionaje militar en México será legalizado?
La organización no gubernamental Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió recientemente que “estas reformas buscan legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que se ha ejercido de manera ilegal en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, investigadores e incluso servidores públicos, con total impunidad”.
Uno de los puntos señalados por R3D es el artículo 9, fracción XXVI. Subraya que su redacción genera ambigüedad sobre si la GN necesita o no autorización judicial para acceder a los datos conservados por empresas de telecomunicaciones o para conocer la ubicación en tiempo real de dispositivos móviles.
